La justicia de Concepción dispuso el sobreseimiento del ex comisionado comunal de Villa La Trinidad, Julio César González, acusado del delito de “omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real con adulteración culposa de agua potable”.

Fue denunciado en abril de 2019 por la fundación ambientalista Ave Fénix luego de que, en estudio de laboratorio, se constatara que el líquido que se distribuía a la población era “no apto para el consumo” en razón de evidenciar “contaminación con líquidos cloacales”. Aunque también se constató que el cloro que se utilizaba para potabilizar el agua se conservaba en envases “no reutilizables”, al haber almacenado antes lifosato, no se estableció contenidos residuales de ese agrotóxico.

Por eso el magistrado desacreditó el delito de “adulteración culposa”. También el de “omisión de los deberes de funcionario público” al trasladar la responsabilidad del control de la calidad del agua de consumo a la Dirección General de Salud Ambiental del Siprosa y del SePaPyS.

El juez Claudio Hernán Aybar, al disponer el sobreseimiento del ex comisionado rural, valoró la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal, Juan José Ibañez, y de la defensa del acusado, Pamela Flores. González había sido imputado por el ex fiscal y ahora juez Edgardo Sánchez, quien había considerado que también recaía en el ex funcionario, como representante del Estado, la responsabilidad de bregar por un adecuado mantenimiento de la calidad del agua de consumo de la población. “Mientras (González) se desempeñaba en su cargo de comisionado comunal exhibió absoluto desinterés del ejercicio de sus funciones y de observancia de los deberes a su cargo y falta de control de las tareas de sus subalternos”, había expresado. Así este “autorizó la adquisición para la comuna de cloro para potabilizar agua de consumo humano en envases que habían contenido agrotóxicos”.

Caño taponado

La Fundación Ave Fénix , que preside Gustavo Mahmud, impulsó la demanda luego de tomar conocimiento de vecinos de barrio Las Rosas que había colapsado el sistema cloacal y que el agua para consumo tenía mal olor. Por disposición del ex fiscal, la Policía Científica fue y constató que “había un caño que debía servir de desagote que estaba taponado y cubierto de matorrales”. Al mismo tiempo los peritos tomaron muestras de agua de grifos para su análisis, dando participación en forma conjunta a la Dirección General de Salud Ambiental del Siprosa y al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS) en razón de que este último organismo tiene a cargo el mantenimiento y construcción de las redes cloacales y de agua para beber.

En base a los estudios de laboratorio se estableció que el líquido tenía “faltante de cloro activo residual y presencia de bacterias nocivas”. Se advirtió que “no era apta para el consumo” porque “evidencia contaminación con líquidos cloacales”.

La defensa de González insistió en que “es el Siprosa el que tiene la facultad y el deber de controlar desde el punto de vista sanitario los servicios de abastecimiento de agua potable”. A la vez observó que si bien el Sepapys es el que designó a la comuna rural de Villa La Trinidad como permisionaria de gestión pública para la operación del servicio de abastecimiento, este recién lo hizo en julio del 2019. Es decir que al momento de la denuncia, en abril, “no estaba concesionada”. La defensa también aportó documentos que acreditan que González desde 2016 planteó ante el Ministerio del Interior de la Nación y la SAT sobre “la situación problemática de los vecinos” y la necesidad de ejecución de obras de mejoramiento del sistema cloacal y de provisión de agua potable. “La falta de presupuesto no permitió concretar aquellos planes” advirtió la defensa.

Responsabilidades diluidas

El titular del Sistema Provincial de Agua Potable, Adrián Ruiz, remarcó que el organismo a su cargo en su oportunidad respondió a un pedido de González y puso a punto el sistema de cloración del pozo de abastecimiento de agua potable de Villa La Trinidad. “Nosotros brindamos asistencia técnica y de infraestructura a las comunidades que lo requieren, pero no realizamos controles de calidad del agua. Esa responsabilidad recae en el Siprosa” aclaró. “No sé con qué frecuencia realizará ese trabajo, pero se lo tiene que hacer” dijo el funcionario.

Por su parte, el titular de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, Orlando Di Marco, precisó que el Sistema Provincial de Salud, a través de la Dirección de Salud Ambiental, puede realizar controles en algunas comunidades sobre la calidad del agua que consume la población, pero no es su función específica. “Lo realiza (el control) en algunas comunidades rurales con sistema autónomo del servicio a pedido de los comisionados comunales. Es que básicamente el apto hídrico lo realiza la SAT, quien es el que teóricamente provee el líquido a la población en la provincia” explicó el funcionario. “Si tuviéramos que controlar el agua en todas las comunidades no nos alcanzaría una legión de técnicos” dijo. “Insisto en que Ambiental hace muestreos de piletas y en algunas situaciones especiales que se dan en poblaciones en el que hay que garantizar que el agua sea apta para consumo” aclaró.

El riesgo continúa

“La justicia sobreseyó a González y dejó en claro acerca de los responsables de semejante negligencia en el suministro de un elemento vital, pero omitió avanzar con acciones que eviten la repetición de conductas que ponen en riesgo en forma alarmante la salud pública. En Trinidad no hay garantía aún acerca del agua que se consume. El alto nivel de casos de niños y adultos con enfermedades gastrointestinales y otras generadudas” se lamentó Mahmud.